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El reino aragonés pasó a lo largo del siglo XVI por una larga serie de vicisitudes que irían creando una sensación de inseguridad cada vez más generalizada y que acabarían por desembocar en los sucesos de Zaragoza de 1591 y en las Cortes de Tarazona de 1592. En municipios grandes y pequeños no era raro que altercados entre dos familias tomaran grandes proporciones, llegando a involucrar a todo el vecindario e incluso a las localidades vecinas. A principios del siglo XVI, las luchas de los Riberas y Benedetes de Monzón y los Pisa y Toledo de Barbastro, mantuvieron alterada la comarca durante varios años. En la década de los ochenta, el enfrentamiento de dos poderosas familias de Luesia provocó la muerte violenta de 32 personas. En medio, un largo rosario de rivalidades personales saldadas con el recurso de la fuerza en localidades como Hecho, Sos, Calcena, Cariñena, Aínsa o Broto.
Mayor gravedad presentaban los conflictos entre localidades vecinas que muchas veces degeneraban en reyertas sangrientas. El recurso a la violencia como medio de dilucidar las diferencias entre localidades próximas incluso estaba contemplado en los fueros del reino. Prácticamente todos los años las autoridades aragonesas tenían que imponer treguas forales en un intento de evitar que las tensiones entre dos pueblos degeneraran en una lucha abierta. Rivalidades ancestrales nunca solucionadas, problemas de aprovechamiento de pastos o aguas eran fuente permanente de conflictividad. Los casos son múltiples: Épila contra Morata, Chodes y Purroy, E1 Castellar contra Alagón, Añón contra Ambel, Berbegal contra Fornillos, Muel contra Longares, Abiego contra Azlor, Alquézar contra Adahuesca, por mencionar algunos de ellos.
Los vasallos de algunos señoríos laicos aragoneses, sometidos a la potestad absoluta del señor optaron por la insurrección armada. Un notable impacto alcanzaron los pleitos mantenidos o por los vasallos de las baronías de Ayerbe y de Monclús contra sus respectivos señores a lo largo del siglo y mucho más graves y conocidad fueron las revueltas armadas a las que hubieron de hacer frente los marqueses de Ariza y los condes de Ribagorza. En todos los casos una pretensión común en la actitud de los vasallos: liberarse de la opresión señorial y alcanzar la condición de aragoneses libres.
También adquirieron una extrema gravedad los conflictos suscitados en las Comunidades de Teruel y Albarracín, avivados por la actitud de la monarquía, reacia a la plena integración de estos territorios al régimen foral aragonés. La presencia de tropas reales considerada como una vulneración a la legalidad del reino y la actitud del tribunal de la Inquisición, en lugar de aquietar los ánimos contribuyeron a exacerbarlos, saldándose el asunto, al igual que en Ariza o Ribagorza con una fuerte represión que costó la vida a notables personas.
Todas las comarcas aragonesas conocieron, en mayor o menor grado, estas formas de alteración. Pero mucho más grave fue el estado de inseguridad que, sobre todo a partir de la segunda mitad de la centuria, se adueñó del norte del reino y de las comarcas orientales.
El fenómeno del bandolerismo, mal general en el mundo mediterráneo durante el siglo XVI se detecta ya en Aragón en la primera parte de la centuria. Lejos de amainar, fue adquiriendo con el paso de los años y ante el fracaso de las medidas adoptadas para combatirlo, una intensidad creciente hasta el punto de que en la década de los sesenta y sobre todo los ochenta, actividades como el comercio quedaban gravemente amenazadas. La inseguridad en los caminos era grande, ante el riesgo que suponían los frecuentes ataques por sorpresa de cuadrillas de delincuentes que habían hecho del robo su modo de vida. Las comarcas pirenaicas, el Somontano, los Monegros, Ribagorza, la Litera y el Bajo Aragón fueron las zonas de actuación preferente de los bandoleros. Factores distintos explican el desarrollo alcanzado por la delincuencia en estas áreas. Una orografía complicada, que facilitaba el ataque por sorpresa y la huida, condición clave para la seguridad de los delincuentes. La escasez de núcleos urbanos de fuerte peso demográfico, desde donde organizar una rápida y eficaz represión de los bandidos. El paso de las más importantes rutas comerciales del reino, como eran las que desde Zaragoza llegaban a Francia por Huesca, Ayerbe y Canfranc y a Cataluña por los Monegros, ambas de innegable atractivo para los bandoleros. La existencia de múltiples organismos con capacidad judicial y con competencias no bien deslindadas e incluso encontradas, lo que dificultaba la aplicación de los mecanismos legales represivos. La proximidad de la frontera con Francia, Cataluña y Valencia: cruzarla en momentos de apuro suponía por lo general, ante la inexistencia de una política represiva coordinada en los territorios limítrofes una garantía de salvación para los delincuentes.
El reino hubo de adoptar medidas extraordinarias para combatir la proliferación de la delincuencia: las Cortes de Monzón de los años 1564 y 1585 aprobaron toda una serie de normas legales que preveían una agilización de los mecanismos judiciales y un endurecimiento de las penas previstas contra los bandidos y a ello se añadió la creación de una nueva figura, la del Justicia de las Montañas, dotado de amplia jurisdicción y de una fuerza armada permanente, la guarda del Reino, con el objetivo primordial de erradicar el bandolerismo. A ello se añadieron acciones puntuales del Gobernador de Aragón y del Justicia mayor. Pero el éxito de todas estas medidas fue relativo y pruebas de ello que, en su evolución posterior, la guarda pasó a ser una institución a la defensiva, encargada de proteger a los comerciantes o que en varias ocasiones, ante la incapacidad para erradicar la violencia hubo de recurrirse a la concesión de amplias amnistías que favorecieron la integración a la vida normal de muchas personas que en uno u otro momento habían formado parte de cuadrillas de bandoleros.
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