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El último argumento para definir el espacio aragonés será consecuencia de factores económicos. El hecho de que un conjunto de variables económicas puedan integrarse en un sistema político no quiere decir que estemos ante la formulación de una política nacional, aunque es evidente que todas ellas, al aplicarse en un territorio determinado promueven modificaciones sociales, alteran las relaciones de producción y, en definitiva, concluyen por determinar espacios nacionales.
La más perfecta señalización de las fronteras está ligada a la fijación de un sistema de aduanas sobre el tráfico exterior. El proceso que culminará con el trazado de una frontera económica en Aragón arranca de las Cortes Generales de Monzón (1362-63), en donde tomando como base el conjunto territorial de la Corona se crean las Generalidades, sistema de exacción dependiente de los estamentos -a través de las Diputaciones-, consistente en el cobro de tasas al comercio de exportación y a la industria textil, al tiempo que para compensar e impulsar ésta, se prohibía la entrada de tejidos extranjeros, debiendo todos los habitantes de los reinos aragoneses servirse de los paños elaborados en el interior. Estas medidas, y otras de tipo más político, consideran las tierras de la Corona como una unidad y persiguen la construcción de un mercado nacional coincidente con tal territorio; de ahí, el interés de no imponer barreras aduaneras interiores y de no definir espacios económicos particulares.
La primera red de aduanas de las generalidades estaba fijada en el perímetro exterior de la Corona
(mapa 1); localizaba las taulas en aquellas fronteras con mayor actividad comercial, como la zona pirenaica y el frente marítimo, especialmente en su parte norte; el papel de Aragón en esta organización inicial es muy secundario, pues al coincidir con un momento crucial de la guerra de los Dos Pedros son muy difíciles las comunicaciones con Castilla y al no percibirse derechos del tráfico interior, eran libres los intercambios con Cataluña y Valencia. Así, los 12 puntos de cobro sólo definían, y de manera muy sumaria, los límites económicos y geográficos con Navarra y las tierras del otro lado de los Pirineos.
La reacción aragonesa frente a esta política económica común, que podría hacer del reino interior un territorio colonial de donde extraer materias primas y vender productos elaborados, amparado todo por un cierto proteccionismo a los intereses del litoral, no se hizo esperar. Las Cortes de Zaragoza de 1364 anulan una parte de los acuerdos anteriores; se libera la importación de tejidos extranjeros, considerando como tales a los catalanes y valencianos, pero cargan la entrada en el reino con un 10 % de su valor; igualmente, mantienen el cobro de aduanas, pero aplicadas sobre todas las mercancías que salieran de su territorio y exigidas en las fronteras propias, lo que incluye también las destinadas a los otros estados de la Corona. Esta iniciativa de las Cortes aragonesas se complementa en años sucesivos con decisiones similares adoptadas por las de Valencia y Cataluña, hasta dar lugar al establecimiento de una completa red de collidas en cada uno de los perímetros de los reinos
(mapa 2), que en el caso aragonés estará casi cubierto tras la reunión de 1376, que fijó la existencia de 45 taulas situadas en los lugares de mayor tráfico.
En años posteriores se ampliará y mejorará este aparato aduanero, debido a que el procedimiento de arriendo de la gestión por subasta pública obligaba al titular a la búsqueda del máximo rendimiento de su inversión, lo que se traducía en un perfeccionamiento de los métodos administrativos y mayor rigidez en el sistema de aplicación y cobro. La organización en funcionamiento entre los años 1410-14, a pesar de la inestabilidad política, había crecido hasta los 140 puestos
(mapa 3) alguno de muy reciente creación (caso de Ariza, Torralba de los Frailes, Odón, Blancas, Villarroya y
Terrer) y otros sin continuidad en su actividad (como Berdún, Sádaba, Tauste,
Tiermas) por los problemas militares padecidos en la frontera occidental del reino.
Finalmente, las Cortes de 1446, al afrontar la grave crisis padecida por la Hacienda del General, procede a una reorganización del sistema de generalidades. Se decide abandonar la gestión por arriendo y designar a unos administradores para llevarla directamente en nombre del reino; el arancel queda definitivamente fijado sobre las importaciones y exportaciones, sin apenas excepciones, estableciendo un control y vigilancia muy estrictos para evitar los fraudes. La distribución geográfica de los puestos aduaneros buscará abarcar todos los caminos de salida, así como los centros de difusión interiores, por lo que se amplía a 180 el número de taulas, distribuidas en seis sobrecollidas con centros en
Alcañiz, Montalbán, Daroca-Teruel, Tarazona-Calatayud, Jaca y Huesca-Barbastro, quedando Zaragoza y
Escatrón, las dos de mayor recaudación, independientes (mapa 4).
La evolución de los ingresos provinientes de las generalidades reflejan con bastante fidelidad la trayectoria del comercio exterior aragonés. Los precios alcanzados en los arriendos, durante el último siglo de la Edad Media, siguen la gráfica:
(mapa 5).
BIBLIOGRAFÍA
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