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Culminada la ocupación territorial de lo que desde finales del siglo XII iba a constituir el reino de Aragón, los límites eclesiásticos, que se habían ido adecuando a las nuevas realidades de la reconquista y de la restauración de la Iglesia en ciudades que habían sido antiguas sedes episcopales (Tarazona y Zaragoza) o a la instauración en las que habiendo sido prontamente cristianizadas habían sufrido una profunda islamización (Huesca) o habían surgido en época islámica (Albarracín), no coincidieron con los límites y fronteras políticas.
Tras la existencia anterior de obispos en Jaca y en Roda-Barbastro, parte de la Valdonsella y de las Cinco Villas seguirían dependiendo del obispo de Pamplona, en el reino de Navarra; los obispos rotenses se trasladaron a Lérida una vez conquistada esta ciudad del Segre en 1148, dentro de Cataluña; y a caballo entre Castilla y Aragón, en el extremo sur occidental, surgió el obispado de Albarracín en 1172, en dependencia del arzobispado de Toledo, hasta que desde 1258 su diócesis se unió a la de Segorbe, en Castellón. Huesca, Zaragoza y Tarazona quedaron, pues, a partir del siglo XIII como las tres sedes episcopales propias del reino, luego de una serie de avatares que marcaron la continuación de pleitos jurisdiccionales con otras diócesis con sedes fuera del territorio aragonés (Sigüenza, Pamplona o Lérida), a los que sucedieron otras reorganizaciones posteriores que culminaron, por ejemplo, en la restauración de las diócesis de Jaca y de Barbastro avanzado el siglo XVI, o la instauración de la de Teruel.
Es significativo al respecto la continua disputa del obispado de Huesca con la abadía agustiniana de Montearagón durante los siglos XII y XIII, al convertirse dicha abadía en feudo de la casa real, o con el monasterio de San Juan de la Peña, por los derechos episcopales sobre iglesias dependientes de ambos centros eclesiásticos muy protegidos por la realeza. Asimismo fueron casi permanentes las disputas de Huesca con el obispado de Pamplona por la jurisdicción sobre las comarcas de la Valdonsella y Cinco Villas; o las sostenidas con Roda primero y luego con Lérida por la distinta consideración de la divisoria entre ambas diócesis en el Cinca o en el Alcanadre. Sin olvidar el otro hecho curioso de la dependencia con respecto a la sede oscense de las iglesias zaragozanas de Santa Engracia y San Gil. Cuestiones todas ellas derivadas de la imprecisión de los correspondientes límites diocesanos y las rivalidades eclesiásticas, las cuales afectaron también a las relaciones con las Ordenes Militares establecidas en suelo aragonés (Templarios, Hospitalarios o Sanjuanistas y Calatravos fundamentalmente).
La fijación de los límites eclesiásticos vigentes durante buena parte del siglo XII y el siglo XIII surgió después de la muerte de Alfonso I el Batallador. En principio se firmó un acuerdo entre los obispos de Zaragoza y Sigüenza por el que este último mantenía Calatayud a cambio de la cesión de Daroca en favor de Zaragoza, entregando Alfonso VII de Castilla sus derechos sobre la primera al obispo de Sigüenza, quien, a su vez, donó Medinaceli y Calatayud a los canónigos de esa catedral, la cual reclamaba las tierras de Soria disputadas también por Tarazona, llegándose en 1136 al acuerdo de la cesión por el prelado de Sigüenza de Calatayud a favor del turiasonense, aún reservándose Ariza, y de este último (el de Tarazona) de Soria en favor de Osma, aún reteniendo Agreda para sí; a la vez que el Obispo de Osma entregaba al de Sigüenza algunas poblaciones castellanas.
La diócesis de mayor extensión fue, no obstante, la de Zaragoza, restaurada de inmediato tras la reconquista de la ciudad en 1118. Resueltos los litigios con Tarazona, la otra gran sede restaurada en el valle medio del Ebro y de la que dependería durante bastante tiempo Tudela (ciudad de fundación musulmana y, por tanto, sin precedente episcopal), adquirieron sus obispos la jurisdicción eclesiástica sobre Daroca y las tierras conquistadas en la segunda mitad del siglo XII (Teruel y parte de la extremadura meridional), enfrentándose ahora con la erección de la diócesis de Albarracín en 1172 que preludiaba la restauración de la sede de Segorbe a la que se uniría en 1258.
A comienzos del siglo XIV, en 1317, hubo otro intento de modificación de la geografía eclesiástica aragonesa, cuando Jaime II presentó al papa un intento de segregar la provincia eclesiástica de Zaragoza de la de Tarragona, metropolitana de la Corona de Aragón; así como el deseo de restauración de la sede jaquesa, con independencia de la de Huesca, y la elevación novedosa, sin precedente alguno, de las diócesis de Barbastro y Teruel. Consiguiéndose únicamente la creación de la provincia eclesiástica de Zaragoza en 1318.
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