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Las desamortizaciones consisten en un largo proceso de liberación de la propiedad de la tierra, en la privatización y transferencia de su titularidad, desde su anterior vinculación a la iglesia, bienes comunales de los pueblos o propiedades del Estado hasta su nueva condición de propiedad particular y libre. Junto con otros procesos simultáneos: disolución de los señoríos, desvinculación de mayorazgos, supresión de diezmos... etc., se configura como uno de los mecanismos fundamentales que determinan la conversión de la propiedad feudal de la tierra y del suelo en la nueva propiedad capitalista y burguesa.
No es de extrañar pues que la atención de los historiadores se haya volcado, aunque no suficientemente en Aragón, en un tema que resulta central para el análisis histórico de las nuevas formas de la propiedad de la tierra. Tampoeo es un tema fácil, entre otras razones porque ese colosal trasiego de fincas rústicas y urbanas se desarrolla durante un siglo, desde el inicial capítulo de la Desamortización de Godoy a fines del siglo XVIII, hasta las últimas décadas del XIX, cuando todavía está vigente la Ley Madoz de 1855.
Un balance global para el territorio aragonés nos indica que en las tres provincias se subastan y enajenan un total de 38.055 fincas, por un valor de 11.308.936.507 reales, cifra que supone una proporción bastante ajustada a la población y a los recursos del territorio aragonés, un 5,26 % del valor de venta del conjunto de la nación.
La desamortización de Godoy se desarrolla desde 1798 y durante diez años, con autorización del Vaticano. Está estudiada, como el conjunto del proceso, para el amplio término municipal de Zaragoza (C. LOZANO, 1986; A. PEIRÓ, 1988), afectando a 431 hectáreas según la primera autora y a 482 según las estimaciones del segundo, extensión significativa en todo caso, en la que no faltan las fincas urbanas, procedente de instituciones religiosas debilitadas y de la que, repartida en pequeños lotes, se benefician principalmente hacendados y comerciantes. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se desamortizan unas 400 hectáreas en el término municipal de Zaragoza, que llegan a ser unas 2.000 si se amplía el área hasta el Campo de Zaragoza (Puebla de Alfidén, Juslibol, Cuarte, Cadrete...)
Sobre la desamortización entre 1836 y 1851 hay una tesis de licenciatura inédita de P. MARTELES (1970), también circunscrita al municipio zaragozano. En ella son enajenados los bienes de los principales y potentes conventos zaragozanos. Según las estimaciones de A. PEIRÓ, entre 1836 y 1845 pasan a las manos de quien podía eomprarlas, una burguesía urbana propietaria de títulos de deuda pública, 1.073 hectáreas sólo en Zaragoza.
En el mapa reflejamos, tomando como muestra el año de 1838 con los datos de F. SIMÓN SEGURA (1973), el enorme peso que el proceso desamortizador tiene en la provincia de Zaragoza en comparación con las otras dos provincias, y no sólo por ser la sede de las principales instituciones religiosas, sino también porque la propiedad del clero era más importante a lo largo del valle del Ebro (A. ATIENZA, 1988), donde también era más rentable la actividad agraria, y consecuentemente más deseada por los nuevos compradores. Tomando el año citado como muestra el valor en venta para la provincia de Zaragoza alcanza 17.597.194 reales (la sexta provincia de España por este concepto, tras Barcelona, Cádiz, Sevilla, Toledo y Valencia), siendo de 6.471.936 en Huesca y de 4.476.065 en Teruel.
Lo mismo nos muestra la continuación del proceso desamortizador a partir de la Ley Madoz de 1855, estudiada en sus inicios por F. ZARAGOZA (1986), siempre para la ciudad de Zaragoza. Con los datos oficiales recogidos por F. SIMÓN SEGURA hemos reflejado en el mapa que el valor de fincas y censos subastados y rematados en la provincia de Zaragoza llega casi a significar tres cuartas partes del total aragonés (74%) alcanzando una cifra entre 1858 y 1867 de 14.991.150 escudos, frente a los 3.129.554 de Huesca (14 %) y los 2.540.797 de Teruel (12%). Por otra parte, al estar ya desamortizada buena parte de la propiedad religiosa, en la segunda mitad del siglo XIX la mayor parte de lo que sale a subasta son bienes comunales y de propios, como se refleja también en el mapa. Ahora los compradores son los mismos, pero las ventas no afectan al clero, indemnizado por otra parte por el Estado a través del presupuesto desde 1851, sino los usuarios de la tradicional comunidad campesina que ven privatizados bienes y desaparecidos viejos derechos.
BIBLIOGRAFÍA
. SIMÓN SEGURA, F. (1973): La Desamortización española del siglo XIX Madrid.
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LOZANO, C. y ZARAGOZA, F. (1986): Estudios sobre la Desamortización en Zaragoza. Zaragoza.
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PEIRÓ, A. (1988): Regadío, transformaciones económicas y capitalismo (La tierra en Zaragoza 1766-1849). Zaragoza.
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ATIENZA, A. (1988): Propiedad, explotación y rentas: el clero regular zaragozano en el siglo XVIII. Zaragoza. |
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