Desde los últimos años del reinado de Fernando VII, y más claramente a partir de su muerte, se aprecia una ligera apertura del régimen entregando el poder político a sectores muy moderados del liberalismo como Cea Bermúdez o Martínez de la Rosa, pero a partir de la promulgación de la amnistía, de la Ley de la Milicia Urbana y del Estatuto Real, se inicia el asalto al poder de la burguesía progresista. Es preciso realizar una revolución jurídica que dé forma legal a las nuevas relaciones de producción capitalista; hay que pasar de un modo de producción predominantemente feudal a un modo de producción predominantemente capitalista, donde haya libertad de comercio e industria y propiedad libre de la tierra; y todo ello se consigue por una serie de leyes: disolución de gremios, desamortización eclesiástica y civil, desvinculación de mayorazgos, abolición de señoríos. Pero estas nuevas relaciones de producción que se instauran durante un proceso de nueve años, tienen un reflejo en la superestructura política: régimen constitucional plasmado finalmente en la Constitución de 1837.