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La Inquisición era un tribunal eclesiástico instituido para la represión de la herejía cuya jurisdicción ejercían delegados apostólicos. Introducido en el reino de Aragón en el siglo XIII, el tribunal no sería oficialmente abolido hasta 1834. Seis siglos de existencia, aunque no de historia lineal. Esporádicamente activo en los primeros tiempos, durante el reinado de Fernando el Católico fue revitalizado y reorganizado sobre la base de un control más directo de la monarquía. A partir de 1484 una pesquisa general, dirigida esencialmente contra los judeoconversos, multiplicó el número de inquisidores. En los años siguientes varios tribunales del Santo Oficio funcionaron paralelamente en el reino, hasta que a principios del siglo XVI las tareas procesales tendieron a centralizarse en la Aljafería, palacio real cedido por Fernando el Católico a la Inquisición y sede del tribunal hasta 1706.
La delimitación territorial del distrito inquisitorial de Aragón fue precisándose a lo largo del siglo XVI. En 1600 la jurisdicción de los inquisidores de Zaragoza comprendía el reino de Aragón, excepto las recién erigidas diócesis de Teruel y Albarracín y algunos lugares del arzobispado de Zaragoza (Aliaga, Fortanete, Pitarque, Villarroya de los Pinares, Linares de Mora, Miravete, Puertomingalvo y Castelvispal) y del obispado de Tortosa (Arens de Lledó, Lledó, Cretas y Calaceite), zonas todas ellas dependientes tradicionalmente de la Inquisición de Valencia. Por otra parte, la jurisdicción de los inquisidores de Zaragoza alcanzaba a las localidades del Principado de Cataluña pertenecientes a la diócesis de Lérida.
El Tribunal contaba con un personal especializado para la prisión, juicio y castigo de los sospechosos. El núcleo de esta burocracia residía en Zaragoza, pero con el tiempo la Inquisición fue ampliando su presencia en el distrito a través particularmente de comisarios y familiares. Los comisarios eran eclesiásticos capacitados para recibir denuncias y declaraciones de los testigos. Incluso, si se temía la fuga de un reo, podían detenerlo sin esperar a la orden de prisión oficial. Los familiares constituían una milicia laica cuya misión, según EIMERIC, consistía en escoltar al inquisidor, denunciar a los herejes y proceder a su arresto.
Los comisarios y sobre todo los familiares proliferaron enormemente durante el siglo XVI. En los capítulos de Monzón de 1512 ya se mencionaba la necesidad de limitar el número de estos últimos: «en quanto a la familia armada en la ciudad de Çaragoça se pueden privilegiar diez personas y en las otras ciudades y villas del reino de Aragón do residirán inquisidores conosciendo del crimen de heregía en todo el reyno fasta en número de veynte personas». Sin embargo, este capítulo, como tantos otros, no se respetó. Según un censo elaborado por el propio tribunal en 1559, había repartidos por el distrito 259 familiares. La mayoría se habían nombrado en las poblaciones más importantes, destacando Zaragoza que con 77 familiares absorbía una tercera parte del total. A este espectacular incremento habrían coadyuvado la intensificación de la represión inquisitorial, la atracción que suponían las preeminencias sociales y los privilegios de carácter fiscal y judicial que acompañaban al cargo así como el fracaso de las Cortes en controlar el número de estos ministros y reducir sus prerrogativas.
La Concordia entre la monarquía y la Inquisición de 1568 ratificó la política de formación de una red de familiares en el distrito. Uno de los capítulos, atendiendo a criterios demográficos y geográficos, preveía la posibilidad de nombrar representantes inquisitoriales en todos y cada uno de los lugares sobre los que tenían jurisdicción los inquisidores: «en las ciudades, villas y lugares de hasta mil vezinos, o dende arriba, nombren ocho familiares; y en los de quinientos hasta seys familiares; y en los de dozientos vezinos quatro familiares, y de allí abaxo, uno, ó dos familiares; salvo en los lugares de frontera, que allí podrán los dichos inquisidores nombrar otros dos familiares más de los que pudieran proveer». Excepcionalmente se permitía crear hasta 60 familiares en Zaragoza.
El número de familiares continuó incrementándose, si bien nunca llegarían a cubrirse las plazas permitidas por la Concordia. En 1611 servían al tribunal 493 familiares y en 1635, 503, casi el doble que en 1559. No obstante, la guerra de Cataluña, la limitación de los privilegios impuestos por las Cortes de 1645-1646 y el mayor desinterés inquisitorial por el control del territorio, después de la expulsión de los moriscos y el primer impacto de la Contrarreforma, dieron un nuevo giro a esta tendencia. En 1645 el número de familiares se había reducido a 406. Su distribución, como de costumbre, era irregular: mayor concentración al sur del río Ebro, coincidiendo con las zonas de hábitat más denso, y en la frontera, y, a diferencia del siglo XVI menor presencia en las grandes ciudades. Un siglo después apenas si quedaba rastro de esta red inquisitorial. En 1748 el tribunal de Zaragoza sólo disponía de 35 familiares.
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